El Estado desamparó a los venezolanos

Pero sería un error reducir lo ocurrido a la fuerza imprevisible de la naturaleza.

La devastación provocada por el sismo no empezó el 24 de junio. Ese día colapsaron edificios, carreteras y hospitales, pero el verdadero derrumbe llevaba décadas produciéndose. Fue el colapso progresivo de las instituciones públicas, de los servicios esenciales, de la infraestructura, de la capacidad de prevención y respuesta, de la confianza ciudadana y del deber más elemental de cualquier administración: proteger la vida de las personas.

Los terremotos no distinguen fronteras, gobiernos ni ideologías. Ocurren donde las placas tectónicas deciden liberar la energía acumulada durante años. Lo que sí depende de las decisiones humanas es la capacidad de un Estado para proteger a su población antes, durante y después de una emergencia. Y es precisamente allí donde Venezuela volvió a enfrentarse a una realidad que millones de ciudadanos conocen desde hace años: el Estado había dejado de cumplir su función mucho antes de que la tierra comenzara a temblar.

Llega la alborada y los familiares no dejan de buscar señales de vida

Un Estado fallido y forajido

Durante años, Venezuela ha visto deteriorarse hospitales incapaces de responder incluso a las emergencias cotidianas. La escasez de insumos, el abandono de la infraestructura sanitaria y la migración forzada de miles de profesionales de la salud redujeron de manera dramática la capacidad del sistema para enfrentar una crisis de gran magnitud. Cuando llegó el terremoto, muchos centros asistenciales ya operaban al límite de sus posibilidades.

La misma realidad alcanzó a los cuerpos de emergencia. Bomberos, Protección Civil y rescatistas enfrentaron una de las mayores catástrofes de la historia reciente del país con recursos insuficientes, equipamiento obsoleto y limitaciones que no surgieron de la noche a la mañana. Quienes arriesgaron sus vidas lo hicieron impulsados por su vocación de servicio, no porque el Estado les hubiera proporcionado las herramientas necesarias para cumplir adecuadamente su misión.

En un país atravesado por importantes fallas geológicas y con antecedentes sísmicos conocidos, la prevención no podía ser una opción secundaria. La planificación urbana, la actualización de protocolos, la capacitación permanente de los equipos de respuesta, la inversión en infraestructura crítica y la educación ciudadana forman parte de las responsabilidades ordinarias de cualquier Estado. Su ausencia no convierte un fenómeno natural en un hecho político, pero sí convierte sus consecuencias en el reflejo de decisiones públicas acumuladas durante años.

Por eso resulta insuficiente afirmar que la tragedia era inevitable. El terremoto probablemente sí lo era. La magnitud del sufrimiento humano, no necesariamente.

Las víctimas del sismo no comenzaron a ser víctimas cuando sus viviendas se derrumbaron. Muchas ya convivían con otras formas de vulnerabilidad: comunidades sin acceso regular al agua potable, hospitales deteriorados, sistemas eléctricos inestables, carreteras abandonadas, instituciones debilitadas y una población acostumbrada a resolver por sí misma aquello que el Estado dejó de garantizar hace tiempo. La emergencia encontró a millones de venezolanos en condiciones de fragilidad acumulada.

Sin embargo, en medio del fracaso institucional apareció, una vez más, la fortaleza de la sociedad venezolana.

Fueron vecinos quienes removieron los primeros escombros. Fueron ciudadanos quienes organizaron cadenas de ayuda, compartieron alimentos, ofrecieron refugio, difundieron información sobre desaparecidos y acompañaron a las familias que buscaban a sus seres queridos. Fueron bomberos, rescatistas y funcionarios de Protección Civil quienes, aun careciendo de equipos suficientes, permanecieron durante días entre ruinas intentando salvar vidas. Allí donde el aparato estatal mostró sus límites, apareció la solidaridad de una sociedad que se ha visto obligada, durante demasiado tiempo, a sustituir las funciones de las instituciones.

Esa capacidad de resistencia merece reconocimiento. Pero también plantea una pregunta incómoda: ¿Cuántas tragedias más tendrán que afrontar los venezolanos dependiendo únicamente de su propia solidaridad?

Ninguna sociedad debería resignarse a que el heroísmo ciudadano sustituya permanentemente la responsabilidad del Estado. La solidaridad salva vidas en las primeras horas; las instituciones son las que las protegen antes de que ocurra la tragedia y permiten reconstruirlas después.

Un mes después del terremoto, el desafío no consiste únicamente en levantar edificios o reparar carreteras. La verdadera reconstrucción exige recuperar aquello cuya ausencia hizo que el desastre fuera mucho más doloroso: instituciones capaces, transparentes y al servicio de los ciudadanos.

Porque la naturaleza puso a prueba a Venezuela durante unos minutos. El abandono institucional lleva demasiados años haciéndolo.