Madrid.— El cerco judicial sobre José Luis Rodríguez Zapatero se estrecha. Tres empresarios vinculados al caso Plus Ultra han situado al expresidente del Gobierno español en el centro de las gestiones que permitieron a la aerolínea obtener un rescate público de 53 millones de euros durante la pandemia.
Julio Martínez Martínez, amigo y colaborador del expresidente, ratificó este martes ante el juez José Luis Calama que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” en las actuaciones emprendidas para conseguir la financiación estatal. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el entonces director financiero de la compañía, Roberto Roselli, también han atribuido al exdirigente socialista un papel relevante en la operación.
Zapatero ya compareció como investigado ante la Audiencia Nacional el 17 de junio de 2026. Durante un interrogatorio de aproximadamente tres horas, negó haber ejercido influencia sobre funcionarios o autoridades para facilitar el rescate y proclamó su inocencia. El juez rechazó entonces imponerle medidas cautelares, aunque mantuvo abierta la investigación.
Las nuevas declaraciones golpean directamente esa línea de defensa. Según Julio Martínez Martínez, su empresa, Análisis Relevante, canalizaba los encargos y las gestiones de Zapatero, mientras él actuaba como transmisor de las instrucciones del expresidente.
Martínez sostuvo además que Plus Ultra acordó pagar una comisión equivalente aproximadamente al 1 % del rescate, unos 530.000 euros. Parte de esa cantidad habría sido abonada mediante contratos de asesoría, facturas emitidas por distintas sociedades y 46 billetes de avión en clase ejecutiva. Sin embargo, el empresario reconoció que no sabe con qué autoridad o funcionario habría hablado Zapatero para acelerar la ayuda.
La dimensión venezolana del caso no es secundaria. Zapatero reconoció públicamente el pasado 23 de marzo que mantiene una amistad personal con Delcy Rodríguez y con su hermano Jorge Rodríguez, dos figuras centrales del aparato de poder chavista. El expresidente defendió esa relación alegando que ambos colaboraron en gestiones relacionadas con presos políticos y procesos de negociación en Venezuela.
Ahora, el testimonio de Julio Martínez añade un nuevo elemento: el empresario declaró que llegó a Venezuela gracias a Zapatero y que, por mediación del expresidente, tuvo como interlocutora a Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del régimen venezolano.
Esa conexión adquiere especial relevancia porque Plus Ultra, aerolínea española fundada en 2011, quedó años después bajo una fuerte influencia accionarial de empresarios venezolanos y concentró una parte relevante de su actividad en la ruta Madrid-Caracas. Cuando recibió el rescate público, varias sociedades vinculadas a inversores venezolanos reunían, según datos registrales publicados, una participación mayoritaria en la compañía.
La investigación judicial examina también los contactos de antiguos accionistas y responsables de la aerolínea con el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, sigue el rastro de un presunto uso indebido de los fondos públicos y de posibles operaciones de blanqueo relacionadas con dinero procedente de Venezuela. Estas sospechas surgieron a partir de investigaciones desarrolladas en Francia y Suiza y todavía deben ser probadas ante los tribunales.
La actual dirección de Plus Ultra sostiene que rompió sus relaciones con algunos antiguos accionistas venezolanos y afirma haber denunciado en Venezuela presuntas apropiaciones de fondos de la aerolínea. Esta versión, sin embargo, no elimina las preguntas sobre el origen de las gestiones, los contactos políticos utilizados y el destino final de parte del rescate.
El caso entra ahora en una fase crítica. La cuestión que deberá resolver el juez es si Zapatero utilizó sus relaciones políticas en España para favorecer a Plus Ultra, si recibió directa o indirectamente contraprestaciones y si su red de contactos con el régimen venezolano tuvo alguna función dentro de la operación.
ACorresponsal especializada en derechos humanos y organismos internacionales.
