Washington.— El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sacudió el tablero político venezolano al anunciar un proceso de conversaciones que podría marcar el comienzo de una transición, bajo un esquema que no había sido anticipado públicamente por los principales actores de la oposición.
Washington.— El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sacudió el tablero político venezolano al anunciar un proceso de conversaciones que podría abrir una nueva etapa hacia la transición,
Rubio informó que representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y voceros del régimen que mantiene el control de facto en Venezuela acordaron establecer un mecanismo de diálogo y reconciliación. Las primeras conversaciones oficiales podrían celebrarse durante la primera semana de agosto, con una participación activa de Washington.
El anuncio introduce una ruta inesperada. Estados Unidos coloca en primer plano una negociación institucional con una estructura de poder que carece de legitimidad democrática y que continúa señalada por graves violaciones de derechos humanos, persecución política y represión contra la sociedad venezolana.
No se trata, por tanto, de conversaciones con un gobierno legítimo ni con una administración surgida de la voluntad popular. El interlocutor es el régimen de facto que conserva el control de las instituciones, las fuerzas de seguridad y el aparato represivo del Estado.
La fórmula anunciada por Rubio tampoco ha definido públicamente sus participantes, objetivos, garantías ni mecanismos de representación. El secretario de Estado no precisó cómo se incorporarán María Corina Machado y las fuerzas políticas y ciudadanas que firmaron el Manifiesto de Panamá.
Esta falta de precisión obliga a determinar si el mecanismo respaldado por Washington reconocerá la legitimidad política construida mediante la movilización ciudadana y la expresión electoral, o si avanzará por una vía paralela negociada con actores distintos.
Rubio aseguró que Estados Unidos estará muy involucrado en las conversaciones y presentó el acuerdo como un paso hacia la reconciliación y la recuperación institucional. Sin embargo, no detalló si el proceso exigirá la liberación de los presos políticos, el cese de la persecución, el desmantelamiento del aparato represivo, garantías electorales verificables o una transferencia efectiva del poder.
La transición prevista para agosto nace, en consecuencia, entre expectativas y profundas interrogantes. Puede abrir un camino para recuperar la democracia, pero también corre el riesgo de convertirse en una fórmula incompleta.
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