El Estado venezolano a cargo de Nicolás Maduro ha confinado a sus ciudadanos a una vida meramente biológica, degradando su humanidad y colapsando el concepto normativo de justicia frente a una Emergencia Humanitaria Compleja que desde el 2016 se ha venido agudizando por la multiplicidad de sus causas y la magnitud de sus consecuencias en materia de alimentación, salud, educación, servicios públicos y seguridad nacional.
El impacto de este Estado venezolano en materias como la alimentación es tal, que el Programa Mundial de Alimentación determinó este 2021 que cerca de tres millones de venezolanos están en inseguridad alimentaria severa, destacando que alrededor del 25% de los venezolanos se encuentra en inseguridad alimentaria moderada. Según este estudio, 9.3 millones de personas requieren asistencia alimentaria.
Por otra parte, el quiebre diseñado y promovido contra las estructuras jurídicas, institucionales y administrativas de ese mismo Estado ha anulado su propia capacidad para hacerle frente a la asistencia y protección de su población, en sintonía con el incumplimiento sistemático del derecho a la vida y la garantía de acceso a la salud.
Para el 18 de abril del 2018, más de 400 personas con condiciones crónicas de salud, dirigidos por distintas organizaciones no gubernamentales defensoras de Derechos Humanos, se reunieron frente al Ministerio de Salud, ubicado en la Plaza Caracas, El Silencio. La mayoría de los manifestantes viajaron desde Aragua, Carabobo, Portuguesa, Lara, Yaracuy y regiones orientales para ser parte del mencionado evento, cuya agenda única fue exigir al Estado cumplir con su obligación de asegurar el derecho a la vida y el acceso a la salud de los venezolanos que tienen condiciones crónicas, entregando los tratamientos requeridos de forma regular y completa.
Escasez en la salud
La industria farmacéutica, el personal de salud, así como los trabajadores del sistema sanitario y organizaciones de derechos humanos, denunciaron alrededor de un 90% de escasez de medicinas e insumos a nivel nacional. Sin embargo, el Gobierno y las autoridades sanitarias sólo admitieron un 15% de fallas en esa área.
La Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven) estimó que ocho de cada diez medicamentos no están disponibles en las farmacias. También apuntó que la escasez se ubica en un 90% en el caso de los fármacos de alto costo para condiciones crónicas como cáncer, VIH y hemofilia. Además, durante enero del 2018 se registró un aumento en el precio de los medicamentos entre 1.000% y 3.000%, según su presidente de entonces, Freddy Ceballos.
La situación de las personas con VIH/sida ha sido tan crítica, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su particular preocupación por la situación precaria de las personas con VIH en el punto 446 de su Informe País sobre Venezuela. Además, otorgó medidas cautelares para proteger la salud y vida de 43 personas con VIH/sida en Venezuela, a través de la Resolución 76/2018, Medida Cautelar 145/18.
Se trata, en definitiva, de una realidad que mantiene en vulnerabilidad y sobrevivencia a una población que se debate entre el conflicto permanente de actuaciones políticas y la búsqueda de alternativas económicas en otras latitudes, convirtiéndose así la emigración venezolana en la segunda más grande del mundo, luego de Siria, y sin tratarse de una condición de guerra convencional.
Este trabajo periodístico documenta testimonios que exponen cómo existe una política pública por parte del Estado venezolano para llevar a su población más vulnerable a su mínima expresión, debido a que estos grupos representan cortapisas para la oxigenación financiera que necesitan para seguir avanzando en las sendas de la denominada revolución que inició desde hace ya más de dos décadas, y que se ha visto lesionada por las fuertes presiones internacionales, con la intención de que cedan el poder.
Control
Pero ante estas coacciones multilaterales, el Estado pone en marcha toda su maquinaria contra las cortapisas que le impiden seguir en su proyecto, tal como su máximo líder, Hugo Chávez, en vida advirtió: “Volveremos polvo cósmico a todo aquel que se oponga a la revolución”.
La investigadora venezolana sobre procesos totalitarios y comprensión política, Flor Izcaray, ha denunciado en múltiples ocasiones que “el control en materia alimentaria y en los servicios públicos por parte del Estado solo genera un control totalizante y perverso contra el individuo”. Para la especialista, el poder –al menos como está concebido por el Estado venezolano- les ha permitido ser el garante de las condiciones de vida de la población, porque a su juicio “el crimen tomó así el lugar de norma, guía y sostén del sistema de dominación totalitaria ya irreversible”.
Los datos recientes de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2021 revelaron que el 24,5% de los hogares en Venezuela se encuentra en inseguridad alimentaria severa. Además, destacó que alrededor del 86% de los hogares venezolanos dependen de las cajas del “CLAP” (alimentos que el Estado provee a través de misiones sociales).
Es importante puntualizar que la frecuencia de las cajas “CLAP” suele ser mensual, y sólo recibe este beneficio un 20,7% de los hogares venezolanos, mientras el resto lo recibe bimensual, trimestral, anual, o no les llega. De acuerdo con Encovi, un 60% depende de estas cajas con una frecuenta trimestral o anual.
“En Venezuela nos toca peor. Estamos secuestrados por unos criminales. ¿Quién les cree? Vivimos a ciegas y nos toca, en medio de tanta duda, seguir encerrados. Eso es biopoder. Alguien decide tu vida y tu muerte plenamente y no es precisamente Dios”, denuncia.
Justo Navarro....
Corresponsal especializada en derechos humanos y organismos internacionales.
